21N, el turno de Colombia

No se puede ignorar a tanta gente que exige cambios, ni en Colombia, ni en América Latina, ni en el mundo; no se puede estigmatizar ni etiquetar la opinión pública, no se puede coartar la libre expresión ni reprimir la protesta social pacífica y de ideas. Hacerlo, es propio de gobiernos autócratas.

No podemos ser lúcidos para condenar la corrupción, represión y tiranía de los gobiernos de afuera y miopes para deliberar sobre lo que está pasando en Colombia. La situación en Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia guardan estrechas semejanzas, marcadas por condiciones de desigualdad, insatisfacción, nepotismo y corrupción, verlo diferente, es sesgo ideológico.

América Latina convulsiona y se levanta, y Colombia no es la excepción.  El paro y marcha  del 21 de noviembre encuentra su génesis en las ejecutorías del gobierno que se apartan del sentir y esperar de gran parte de la ciudadanía, en un año de recesión económica con aumento del desempleo, de adopción de medidas tributarias que privilegian a los potentados y vapulean la clase media, pobre y obrera.

La marcha no tiene por finalidad derrocar al Presidente Iván Duque; por el contrario, se erige como un llamado de la sociedad civil a la observancia de situaciones económicas, sociales y medioambientales que aquejan a la ciudadanía, y una oportunidad de concertación y búsqueda de salidas acordes con la realidad del país. Lo que empezó con un decálogo de diez solicitudes al gobierno, engendró un sinnúmero de razones que motivan a los ciudadanos a alzar su voz de protesta.

Iniciativas del gobierno, del partido del gobierno y de gremios e instituciones afines del gobierno, que promueven una reforma pensional y laboral, el aumento de tarifas de energías del 35% que beneficia a Electricaribe, la amenaza de explotación minera de ecosistemas como el Páramo Santurbán y la vía libre del Plan de Desarrollo a la exploración y producción de yacimientos no convencionales (Fracking) entre otros, son aspectos comunes que alimentan la indignación colectiva.

Súmenle el incumplimiento de los Acuerdo de Paz que auspició el retorno del conflicto en algunas zonas del país y el aumento de disidencias, y los asesinatos sistemáticos de líderes sociales e indígenas en el Cauca, a manos de organizaciones paramilitares y despojadores de tierras que se oponen a los programas de restitución.

La respuesta del gobierno, del partido de gobierno y de ciudadanos afines con el gobierno, ha sido la de estigmatizar, con etiquetas de vándalos, guerrilleros y de inoculados por el Foro de Sao Paulo, demandando ante tribunales la marcha para impedirla; y de silenciar, consentir y/o favorecer la creación de grupos ciudadanos antidisturbios para provocar y/o confrontar a los manifestantes e intimidar a los ciudadanos con militarizar las principales ciudades del país.

Es insensato criminalizar la protesta social. El Uribismo marchó contra el gobierno Santos, contra el Proceso de Paz, contra las Altas Cortes y la Jurisdicción Especial de Paz, incluso convocó una resistencia civil contra el entonces Presidente, también marchó en defensa de Uribe cuando fue llamado a rendir indagatoria por el caso de falsos testigos, y siempre lo hizo con todas las garantías institucionales y de la sociedad civil, de respeto y tolerancia a su sentir.

El Gobierno debe escuchar el clamor de la sociedad civil y reorientar sus políticas, sin juegos de llamar al pacifismo al tiempo que estigmatiza a los manifestantes, y así evitar los brotes de insatisfacción que podrían derivar a futuro, en una desobediencia popular como la de Chile.

La protesta no es para destruir sino para construir. No es contra la propiedad privada ni contra la infraestructura estatal. La protesta convocada es pacífica; por tanto, la ciudadanía, el Estado y la Fuerza Pública deben hacer lo posible para garantizar que así sea. Ojalá no sea objeto de sabotajes por parte de grupos de resistencia a la marcha, ni manchada por el ímpetu y fanatismo de manifestantes radicales. No hay que olvidar que, un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña al pueblo a usar también la fuerza contra su opresor.

Las grandes trasformaciones sociales que fueron conquistas en América y en el mundo, se gestaron siempre en las calles, en legitimas manifestaciones. Esta es una oportunidad histórica para reorientar la política nacional en favor de todos y no para hacer de Colombia un campo de batalla.