Ámbito de aplicación de las 17 políticas de gestión y desempeño del MIPG

A partir de la expedición del Decreto 1499 de 2017 que reglamenta la operación del Sistema Integrado de Gestión creado por el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo, se expidió la primera versión del Manual Operativo de Implementación del MIPG que describe las dieciséis (16) políticas de gestión y desempeño que desarrollan las siete (7) dimensiones; sin embargo, la segunda versión del Manual Operativo de Implementación del MIPG expedida en agosto del presente año, adicionó una política de gestión y desempeño más, en consecuencia, son diecisiete (17) las políticas a desarrollar.

También le puede interesar ¿Qué entidades están obligadas a implementar el MIPG? En Mitos y realidades sobre el MIPG.

A continuación identificaremos el ámbito de aplicación de las políticas de gestión y desempeño en las entidades públicas según sus funciones legales.

Las políticas de talento humano (1), planeación estratégica (2), seguimiento y evaluación de desempeño institucional (3), toda vez que integran elementos esenciales en los sistemas de desarrollo administrativo y el sistema de control interno a través del MECI, y teniendo en cuenta que todas las entidades públicas indistintamente de sus funciones legales están obligadas a observar los lineamientos de la Ley 87 de 1993, las tres políticas le son aplicables y obligatorias a todas las entidades públicas.

Asimismo, son obligantes para toda las entidades públicas la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (4) y la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de Procesos (5) toda vez  que la primera está integrada a la política de planeación institucional y la segunda es el resultado del ejercicio de la planeación orientada a interiorizar las dimensiones del MIPG.

También es obligatorio para todas las entidades públicas la aplicación de la política de transparencia y acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción (6) de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1712 y en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Asimismo, le es de obligatorio cumplimiento a todas las entidades públicas la política de gestión documental (7), de acuerdo a lo reglado en el artículo 2 de la Ley 594 del año 2000.

La política de integridad (8) desarrollada a través del Código de Integridad del Estado colombiano, establece que es aplicable a todos los servidores de las entidades de la rama ejecutiva del poder público; es decir, la Presidencia, ministerios y departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, unidades administrativas especiales con personerías jurídica, empresas sociales del Estado y empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas y sociedades de economía mixta donde el Estado posea el 90% o más de su capital social.

La política de gobierno digital (9) de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.1.1.2. su implementación es obligatoria a las entidades que conforman la administración pública; es decir, mismas que en el caso de la política de integridad; sin embargo, la implementación de la política de gobierno digital en las Ramas Legislativas y Judicial, en los órganos de control y en los regímenes especiales de los que trata el artículo 40 de la Ley 489 de 1998 se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica  en concordancia con los principios de colaboración  establecidos en los artículos 113 y 209 de la Constitución Nacional.

La política de seguridad digital (10) de conformidad con lo establecido en el documento CONPES 3854 de 2016, también está dirigida a las entidades de la rama ejecutiva del poder público; sin embargo, aunque no está reglamentada aún su operación y deberá esperarse hasta diciembre de 2018 cuando se establezca la metodología para la gestión de riesgo de seguridad digital, está claro que son múltiples las partes interesadas no obstante a las competencias de cada sector específico del Estado.

La política de mejora normativa (11) aún no ha sido implementada y por tanto aún no se conoce su alcance y ámbito de aplicación.

La Política de servicio al ciudadano (12), de conformidad con el documento CONPES 3785 de 2013 contiene diversos elementos orientados a mejorar los mecanismos de atención al ciudadano. Establece el Conpes en su ámbito de aplicación, que es exclusivo de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional; sin embargo, con los años e implementación de otras estrategias, se ha ampliado los objetivos y el ámbito de aplicación de varios de los lineamientos establecidos en el Conpes; por ejemplo, con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 se obliga a todas las entidades públicas a crear la oficina de quejas, reclamos y sugerencias, y a través de los Decretos 2641 de 2012 y el 124 de 2016 que adoptaron las guías metodológicas versiones 1 y 2 para elaboración de la estrategia anual de lucha contra la corrupción, se incorporan varios elementos del Conpes 3785 para todas las entidades del Estado.

La política de racionalización de Trámites (13) es de obligatorio cumplimiento para las entidades que provean trámites y servicios orientados a la satisfacción y necesidades de la ciudadanía. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley 019 de 2012, la política antitrámites aplica en las entidades de la Administración Pública que ejerzan funciones de carácter administrativo y a los particulares que cumplan funciones administrativas.

La política de participación ciudadana (14) le es aplicable en diferentes aspectos según su competencias respectivas a todas las entidades públicas de conformidad con lo establecido en las Leyes 859 de 2003, 1474 de 2011 y  1757 de 2015.

La política de participación ciudadana está integrada con la política de rendición de cuenta, la cual se regula a través del Documento Conpes 3654 de 2010 y que establece que el desarrollo de los elementos mínimos a los que se refiere la política es aplicable a las entidades de la Rama Ejecutiva; sin embargo, otras referencias, como la que establece la Ley 1757 de 2015 en su artículo 50, son categóricos en afirmar que todas las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas.

La política de gestión del Conocimiento y la Innovación (15) es nueva, y surge con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y está orientada a transformar el conocimiento de la gestión pública que se genera a través de datos, información, ideas, investigaciones y experiencias; y está dirigida a las entidades públicas en general.

La política de control interno (16) es obligatoria para todas las entidades públicas de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la operación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Y por último, la política de defensa jurídica (17) en lo atinente a la integración de los comités de conciliación y gestión de defensa jurídica aplica a todas las entidades y organismos del derecho público y, en lo que corresponde a la gestión de la información de la actividad litigiosa del Estado en el Sistema Único de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es aplicable a las entidades públicas del orden nacional cualquiera que sea su naturaleza y régimen jurídico y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015.

No obstante a que algunas entidades de acuerdo a su naturaleza o funciones legales pudieran verse limitadas o exentas de algunas políticas o lineamentos, no hay que olvidar que todas las ramas del poder público se rigen bajo el principio de colaboración armónica para la realización de los fines del Estado de conformidad con los artículos 113 y 208 de la C.N.