Boicot a la Paz, un póquer electoral

Como si estuviéramos condenados perpetuamente a la guerra y a la polarización, aún la paz sigue siendo la discusión central en Colombia como consecuencia de una división ideológica y política estructural que fragmenta a la sociedad y amenaza con infringir la institucionalidad y la credibilidad del Estado.

El Acuerdo de Paz de la Habana, aunque imperfecto, es de lejos, el mayor logro de Colombia desde su emancipación del yugo español.  No obstante, portadores del discurso panfletario de la discordia que ha causado imborrables huellas de violencia, intolerancia y dolor en nuestra sociedad, quieren hacer trizas lo acordado, condenándonos al pasado de la barbarie y hostilidad, so pena de las implicaciones que supone la alteración de las reglas de juego a un acuerdo que puso fin a medio siglo de terror.

El Presidente Duque no logró despuntarse de las intenciones de boicot de su partido y mentor, y envía un mensaje equivocado a la sociedad colombiana y al mundo con objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, suscitando su insubordinación al Estado de Derecho en un claro desconocimiento a los fallos de las altas cortes, a la legislatura anterior en relación con la JEP y provocando una crisis institucional sin precedentes.

Uno no puede negociar con una organización al margen de la Ley, desarmarla, someterla al ordenamiento legal y luego cambiar las reglas. Primero buscan hacer trizas la Paz, luego irán por las Altas Cortes y después por la Constitución, así inician las dictaduras.

La incertidumbre sobre la implementación del Acuerdo de Paz está generando silenciosamente el crecimiento de las disidencias y con ello un problema social de primer orden que advierte el fracaso del proceso de reincorporación.

La deserción del proceso no ha sido mayor gracias al blindaje constitucional de los acuerdos y la injerencia de la comunidad internacional que ha permitido el aguante. Que la JEP continúe operando no obedece a la merced del gobierno de turno. Aunado a lo anterior, la intranquilidad de los más dos mil militares que ingresaron a la JEP, a quienes también buscarían cambiarles las reglas, de ahí su desavenencia con las objeciones del Presidente.

Es como si el expresidente Santos  hubiese pretendido cambiar  las reglas de los Acuerdos de Justicia y Paz que pactó el gobierno que lo precedió con los paramilitares, que sólo terminó condenando menos del 2% de los desmovilizados que ascendieron a más de treinta mil, y donde no hubo ni paz, ni justicia, ni resarcimiento, ni reparación, ni restitución de tierras, y que originó el fenómeno de las bandas criminales emergentes BACRIM por la indebida reinserción, trasladando la guerra del campo a las principales ciudades.

La probabilidad de hacer trizas la JEP vía Congreso es reducida, puede que no tenga futuro y represente un desgaste político y administrativo, máxime que conocemos la posición de la Corte Constitucional.

El boicot a la Jurisdicción Especial para la Paz podría tratarse de una estrategia política de cara a las elecciones locales. Es característico del Centro Democrático polarizar para obtener dividendos políticos. Conservar la idea de un enemigo siempre ha sido su mejor póquer.

Paradójico que el Presidente Duque desconozca el ordenamiento legal, la legislatura anterior, la Corte Constitucional, la Unión Europea, la ONU, las convenciones, cumbres y tratados por la Paz, pero acuse de autócrata al vecino por no escuchar el clamor popular y el de la comunidad internacional.

Con objeciones a la JEP, el Presidente Duque no está actuando como un estadista, amparando la preeminencia del interés general y en reverencia a la obligación constitucional de Paz, actúa coaccionado por el radicalismo de su partido, irrespetando la institucionalidad y el equilibrio de los poderes. Mientras no se desmarque de la disputa de egos Uribe – Santos, no podrá concentrarse en la agenda más conveniente para el país.

Foto cortesía de Pulzo