Guerra de ambulancias y muerte exprés.

Ni los infortunados moribundos que demandan auxilio perentorio cuando la vida les cuelga de un suspiro, se escapan del mercantilismo propio de un sistema de salud homicida, precario y mezquino que transformó el servicio médico en  negocio y al  paciente en  mercancía; donde los bólidos blancos de asistencia médica protagonizan carreras mortales urbanas motivados en bonificaciones ofertadas por el traslado de pacientes Soat a los centro de atención, convirtiendo el servicio de ambulancia en una competencia criminal.

Como corolario de  la gran estafa que representa la salud en Colombia, el gremio transportador de asistencia médica en su solidaria responsabilidad con los centros mercenarios de atención, promotores del afán clientelista, avaro y tirano; se mofan de la vida de las personas que han sufrido accidentes y que requieren urgente atención, cuyo deber ser  obliga su remisión a la clínica más cercana, derecho negado por los jueces de la salud al volante, quienes deciden someter a la víctima al paseo exprés, lo que en centenares de casos ha cobrado la vida de esos inocentes colombianos que yacen occisos porque fueron despreciados por el despotismo de un sistema donde todo vale, menos la vida.

La carrera mortal de los bólidos blancos inicia cuando del otro lado del radio se escucha la solicitud  del servicio de ambulancia, pareciera que lo primero fuese valorar y priorizar la atención, dado que en un sin número de casos (verificables) al no tratarse de accidentes amparados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, tales como heridos de bala o arma blanca, traslado de pacientes entre instituciones públicas, entre otros; donde de forma inconstitucional, desigual y desobligante, no llega la atención.

Diferente ocurre cuando se trata de un accidente que si ampara el SOAT, se encienden el ulular de las sirenas y empieza la violación a las normas de tránsito, así como la congestión vehicular, dando la sensación a conductores y peatones de una gran tragedia, válgame entonces la cantidad de ambulancias que llegan al tiempo e inicia la otra batalla, por la disputa del herido para trasladarlo a la clínica de su conveniencia y recaudar la coima.

Como extraído de la historia de Macondo, sorprende los forcejeos registrados entre los representantes de las empresas de ambulancia por quedarse con el paciente, lo cual es comparable con la situación que se presenta en las puertas de urgencias en muchos hospitales del país, donde los empleado de funerarias promocionan sus planes de exequias  a los familiares del paciente, algunas veces sin que éste se haya muerto.

Aunque no es muy común que se castigue en Colombia, la omisión al deber de socorro está reglamentada en el Código Penal, éste consiste en la ocurrencia de un delito cuando no se presta auxilio a una persona cuya vida o salud se encuentra en grave peligro. Sin embargo analizando la tipificación de la conducta punible, el hecho principal consiste en no socorrer, esto es, no realizar actividad alguna capaz de modificar la situación de desamparo y peligro manifiesto de la víctima, inobservando la oportunidad y calidad del socorro, si éste corresponde a la atención esperada, aminorando la gravedad del mal, su inminencia o la probabilidad de realización. En caso de condenarse la comisión de este delito, la pena es de dos años y medio de prisión. No obstante, de mi consideración esta conducta del paseo de la muerte, se halla más a fin con el homicidio.

De otra parte, entre otros hechos falaces asociados a la problemática de las ambulancias, encontramos el uso de sirenas cuando no se transportan pacientes, es de caracterizar algunos hechos conocidos por el país, donde a manera de taxis colectivos,  ambulancias han sido sorprendidas prestando el servicio de transporte expreso. De igual forma han sido sorprendidas ambulancias que circulan sin el Soat, ni revisión técnica; y más grave aún, que no cuentan con los profesionales requeridos por la norma para la atención oportuna de los pacientes, tales como: enfermero (a), paramédico y un médico; lo que aumenta los riesgos en la vida de los pacientes movilizados.