Hasta cuándo Electricaribe

Pese  a los reiterados amagues presidenciales de arbitraje e intervención  y a la advertida e  inaplazable desobediencia civil, la Electrificadora del Caribe refrenda su cualidad impasible con la prestación de un servicio decadente que condena al subdesarrollo a la sociedad barranquillera, una ciudad presuntuosa de la competitividad que le depara el siglo XXI.

A merced de la antedicha empresa prestadora del frágil servicio, en Barranquilla florecen los constantes, inadvertidos y prolongados racionamientos de luz, como corolario de las deficiencias en la infraestructura del sistema eléctrico, el menoscabo al mantenimiento preventivo y  la reposición y ampliación del mismo; es de caracterizar el perecedero estado de las plantas, subestaciones, postes, redes y transformadores, entre otros elementos que representan riesgos para los usuarios.

Lo anterior constituye sin duda, un marginal e infrahumano  sometimiento a los habitantes de esta ciudad de clima tropical seco, fustigado por altas temperaturas, cuya sequedad ha sido mayoritaria durante la vigente anualidad. Aunado a ello, los inmediatos perjuicios, como racionamientos de agua y problemas de salubridad entre otros derivados.   Es menester señalar que la hecatombe es símil a nivel regional, damnificando así mismo mayoritariamente a los usuarios de la costa caribe colombiana donde la antedicha firma  presta su fragmentario  servicio.

No obstante, la demanda social contra Electricaribe no fenece  allí. Igualmente cientos de quejas son registradas mensualmente (más de tres mil en la pasada anualidad) en los organismos competentes para tal fin, representadas en los abusos en la facturación, cobros indebidos, la insatisfacción de los usuarios por la incapacidad de la entidad para resolver las quejas, el daño de electrodomésticos y alimentos por la irregularidad de energía y el mal estado de los postes; y los descomunales apagones ocurridos en los últimos meses, que dejan inclusive muertos, heridos, alteraciones de orden público y de movilidad, por cuenta del cese del funcionamiento de algunos semáforos.

Paradójicamente la superintendencia de servicios públicos recibe condecoraciones en el honorable Congreso de la República, mientras la  empresa Electricaribe facultada por el legislador,  obra de juez y parte en los procesos de actuación administrativa, vulnerando el derecho al debido proceso, a la intimidad y a la defensa; violentando inmuebles y sancionado por doquier a los usuarios, hostigándolos con revisiones de contadores y acometidas permanentes sin previo aviso, incumpliendo con la formalidades que la ley emana y adicionalmente intimidando a los usuarios morosos inclusive con cartera de treinta días,  con  medidas represivas de corte del servicio como desagravio si se quiere, al gigantesco desconcierto ciudadano.

Si bien el Estado tuvo la prerrogativa de delegar a particulares la finalidad social de que trata el artículo 365 de la carta magna, el señor Presidente de la República debe proceder e intervenir a Electricaribe por todas las razones expuestas en párrafos precedentes y a las demás empresas prestadoras de servicio público cuya responsabilidad compete al Estado.

Tamaño poder el que ostenta el prestador, constituyéndose casi en un imperio legislador, cuya superintendencia supone una insensible, sirviente y subordinada actitud. Vale recordar que ante la ausencia del Estado, las grandes transformaciones sociales que fueron conquistas se dieron siempre en las calles en legítimas manifestaciones. Ante la sana inferencia de ausencia de dolientes,  se advierte que una   sociedad exasperada pudiera enfilarse hacia lo que ya huele a la  crónica de una desobediencia civil anunciada.