Ni perdón ni olvido

Los agitados, desgarradores y luctuosos  canticos de las más de doscientas  familias de las víctimas de los mártires silenciados por las metrallas  del frente José Pablo Díaz de las Autodefensas en el Atlántico y el Magdalena, opacaron la alocución de pesadumbre y clemencia de “Don Antonio” como dando cuenta de lo utópico que resulta perdonar y peor aún olvidar; máxime ante el doblez reconocimiento de Fierro, revelando que las víctimas nada tenían que ver con el conflicto armado.

Pese a la osada invocación de Dios para rogar perdón, el testimonio y suplicas de “Don Antonio” fueron reprobados por los cada vez más desconsolados parientes, lo que suponía para éstos, la ausencia de franqueza en las confesiones del ex comandante, aduciendo que Fierro rastreaba una rebaja de penas.

Acaecimientos como los registrados en Barranquilla, nos encamina necesariamente a reflexionar sobre cómo y cuánto está preparada la sociedad civil y las victimas vulneradas para  indultar social y moralmente a los principales actores del conflicto armado en Colombia; así como qué tan púdicas son sus deferencias de indulgencia o si por el contrario instituyen un haz de absolución ante una justicia minúscula y decadente, que ensaya redimir vidas por perdones.

La Ley de Justicia y Paz (Ley 795 de 2005) suscitó de manera generosa la desmovilización de las organizaciones paramilitares ofreciendo condenas entre cinco y ocho años  por delitos graves, bien sean procedidos por  confesión o delitos probados en los estrados judiciales. No obstante nuestra endeble justicia proclama la autoincriminación como inconstitucional, por lo que resulta más ecuánime un monólogo de penitencia  y un ruego de caridad homologado como menester de resarcimiento. Pero explíquele  el legislador a la mujer violada, a la madre, a la hermana vulnerada, al hijo huérfano o a la esposa viuda la suficiencia del perdón; especialmente en casos como en el antes citado, cuando las víctimas no configuraron en el  conflicto, lo que deslegitima de principio toda acción contra éstos, constituyéndolos en crímenes de lesa humanidad.

Sin la avezada  violencia  que lo caracterizó en sus épocas de comandante, mismas cuando sembrara el terror en estas tierras, y con más de mil setecientas víctimas en su haber; con desdén  “Don Antonio” eludió  las incógnitas que durante años las familias transgredidas esperaron resolver, como la del campesino de la zona rural del municipio de Sabanalarga, que preguntó: por qué a su hermano además de asesinarlo, le erradicaron la cabeza y la colgaron de un árbol, dejándola a merced y provisión de los pájaros. Seguidamente por lo menos una veintena de personas consultaban por sus eventos peculiares, pero una vez más no hubo respuestas, “Don Antonio” adujo no conocer a la mayoría de las víctimas y que él sólo daba órdenes.

De mi consideración, la figura de perdón y olvido debe desmontarse. Resulta denigrante y acaba por revivir el dolor de las victimas vulneradas, además de  retrotraer la impotencia al denotar a solo centímetros, la insensibilidad de quienes torturaron, violaron y asesinaron a sus parientes. El perdón y olvido de las víctimas es un acto voluntario y generoso que emana desde lo más secreto de sus conmociones, por tanto menosprecia el dolor de las victimas el legislador y el ministerio público, al usurpar el intimo  fuero de las victimas sometiéndolas a un deshonroso y doloroso espectáculo, no conveniente  ni garante para el perdón, el olvido y la reconciliación.