Sálvese quien pueda o quien tenga como hacerlo.

Más allá de los humanos propósitos contenidos en la reforma penitenciaria, destinada a brindar garantías de dignidad a  nuestros congéneres presidiarios, se exhibe una situación adversa en la sociedad, ante la ola de violencia que ha tocado todos los rincones del país. Ello como corolario del menoscabo de la credibilidad de las instrucciones del Estado, principalmente las asociadas con la moral, la justicia y la seguridad. Aunado a ello, los antecedentes de convictos cobijados por la figura de casa por cárcel que han sido sorprendidos reincidiendo  en la conducta que los condenó.Existe una tendencia marcada a que la prisión domiciliaria  constituye un acto de consentimiento al reo y sumado a la incapacidad probada del Estado como garante de la seguridad ciudadana, advierten la hecatombe de la crisis. No nos engañemos, nuestro cuerpo policivo carece de capacidad operativa para contrarrestar los ingentes problemas de seguridad, pese a sus más de 170mil efectivos, luego no entiendo como resolverán cubrir adicionalmente nueve mil convictos albergados en diferentes domicilios,  denominados para el efecto, “casas por cárcel”.

Quién en su sano juicio se atrevería a aseverar la no reincidencia de los nueve mil convictos a sus antiguos menesteres, máxime con las recientes cifras de reinserción que refrendan lo que nuestra malicia indígena nos intuye. Eso de garantizar la vigilancia en sus domicilios, en un país como el nuestro se resume en buenas ideas y malas prácticas.

En lo que nos exhorta, la obligación del estado es ser garante, por un lado, de la seguridad ciudadana y la convivencia; y por el otro, del respeto a la dignidad humana en los establecimientos de reclusión; por tanto observo que tal decisión de otorgar prisión domiciliaria a nueve mil convictos y subsiguientes, es  inconstitucional y no garante de ninguno de los deberes del estado antes señalados; por el contrario, en el afán por solventar un problema, termina ahondando en dos.

De mi humilde consideración, desterrar de las cárceles a los convictos ante la ausencia de la  infraestructura necesaria para su manutención equivale a suprimir los organismos de seguridad dado las ingentes y crecientes cifras de criminalidad, a suprimir los órganos de justicia ante tanta injusticia, prescindir de los organismos de control porque nuestras instituciones están plagadas de corrupción y en todos sus niveles; inclusive deslegitimar y desmontar el congreso, las altas cortes y el mismo ejecutivo por la precaria legislación y gobernabilidad.

Contrario a ello, las instituciones son las más llamadas a fortalecer, con recursos humanos, económicos y tecnológicos entre otros; desde el sistema penitenciario, hasta los órganos de control y cuerpo legislativo.  Entre mayor sea la capacidad técnica, tecnológica, académica e infraestructura de nuestras instituciones, mayor es la probabilidad de contrarrestar la causa que a cada quien le corresponde de acuerdo a su competencia y misión.

Ojalá la pócima no resulte peor que la enfermedad, como en Venezuela, donde  se concedió libertad a por lo menos 5mil convictos y hoy por lo menos su ciudad capital (Caracas) ostenta ser la segunda urbe más insegura del mundo. Con todo respeto a quienes creen que son situaciones desiguales, y principalmente a los órganos de justicia y policía; a mí si me parece que se trate de escenarios  símiles, toda vez que de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, de mi consideración la casa por cárcel se cristianiza  en impunidad, beneplácito, sinvergüencería y coyunturalmente en votos.

Me apena indudablemente, la situación de los reclusos, de su privación de la libertad, del hacinamiento que es lo que se debe resolver; pero los hombres nacemos buenos y justos y en el camino vamos tomando decisiones que nos definen en la vida, asociadas a unas conductas que tienen un precio, de allí que algunos deban cosechen errores y otros bendiciones.

Lo peligroso del asunto es que no nos han preparado para la apertura de las cárceles y la reinserción de los reos, no sabemos cómo serán recibidos por la sociedad, ya de esto sabemos harto los colombianos. En el pasado inmediato no nos prepararon para recibir a los 31mil miembros de las AUC, de los cuales solo fueron a prisión 600 en el marco del proceso de justicia y paz, donde por cierto no hubo justicia, ni paz, ni reparación. Claro, como no se preparó con juicio su adaptación y aceptación, terminaron por conformar bandas delincuenciales organizadas. Súmele a esa cifra entonces, los 9mil en comento, más los 15mil guerrilleros que también arribarán, como consecuencia del ya inevitable e inaplazable proceso de paz. Es decir, más de 50mil colombianos (sin incluir la delincuencia común que ya convive entre nosotros) con actividades reprensibles e incompatibles con las del común, sin el sometimiento a un proceso serio para su reinserción, adaptación y aceptación social.

El nuevo código penitenciario que de nuevo nada tiene, es una réplica de la ley 65 del 93 e inobservó los programas de resocialización verdadera necesidad del sistema penal en Colombia, como secuela de ello, generalmente los reos no terminan resocializándose sino reincidiendo.

Es extraño que a los  perennes asesores de la patria no se les haya ocurrido concesionar las cárceles, finalmente cuando se habla de privatizar Colombia es campeón mundial, sería un buen negocio para todos. Por qué no invertir en infraestructura penitenciaria y si en revocatorias viciadas que le cuestan al país 40mil millones de pesos o en una casa deportiva innecesaria para la Federación Colombiana de futbol, con un terreno de seis mil hectáreas en la cual se invirtieron 19mil millones, sigan ustedes sacando cuentas que seguro encontramos mayores inversiones inoficiosas.

No vaya a ser que se acrecente aun más el caos, que los ciudadanos terminen por hacer prevalecer su derecho natural a la autodefensa, ante la falta de garantías a las víctimas y el beneplácito a los victimarios y ahí sí, nos llevó el que nos trajo. ¡Sálvese quien pueda o quien tenga como hacerlo!.