¿Se deben eliminar las contralorías territoriales?

Reformar el control fiscal en Colombia es una necesidad inaplazable, precedida por los frágiles resultados que arrastra la gestión de las contralorías del país en los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, donde se presentan excesivas caducidades y prescripciones, no se decretan medidas cautelares y el resarcimiento es muy bajo en comparación con el detrimento causado al erario. De cada 100 pesos en detrimentos patrimoniales, las contralorías recuperan menos de 17.

El proyecto de acto legislativo radicado ante el Congreso de la República por el representante a la Cámara por Bogotá Rodrigo Lara Restrepo sugiere suprimir la Contraloría General de la Nación y las 63 Contralorías Territoriales del país y crear un Tribunal de Cuentas del orden nacional como máximo rector de Control Fiscal con funciones jurisdiccionales.

La propuesta que ha tomado más fuerza en las entrañas del Gobierno Nacional es la del Contralor General de la República Edgardo Maya Villazón, de suprimir únicamente las 63 contralorías territoriales porque considera que son un “nido de corrupción” y sugiere remplazarlas  por un Tribunal de Cuentas adscrito a la Contraloría General de la República, algo que conllevaría a una masacre laboral de más de siete mil empleados públicos de las Contralorías Territoriales y de la Auditoría General de la República organismo que también sería restructurado.

El fantasma de la eliminación de las contralorías territoriales viene acechando desde hace más de una década sin soluciones de fondo, todos hablan de suprimir las contralorías, pocos de modernizarlas, menos aún de sumarles competencias y recursos; resulta una utopía creer que al eliminar las contralorías territoriales se acabará la corrupción local. Por el contrario, centralizar el control fiscal agudizaría más la crisis y el sistema de administración democrático que inspiró la constitución del 91, no olvidemos que los más grandes hilos de la corrupción en Colombia se tejen desde la Sabana de Bogotá y no en la periferia como nos quieren mostrar.

Si bien las 63 contralorías territoriales le cuestan al Estado anualmente 250 mil millones de pesos y sólo recuperan 1.500 millones; es decir, no compensan el esfuerzo financiero, no es un argumento suficiente para suprimir las contralorías territoriales por ineficientes, de ser así debería desaparecer con mayor razón la Contraloría General de la República por ser igualmente ineficiente, o la Policía Nacional por cuenta de los 12 mil homicidios que se registran en el país cada año, o suprimir la Fiscalía por los más de un millón de casos en los que no ha podido avanzar, o cerrar todos los juzgados que tienen represados más de 100 mil procesos, o cerrar todas la cárceles e indultar  a los 120 mil reclusos  debido a la crisis humanitaria estructural que presentan el sistema penitenciario en Colombia por la sobrepoblación y hacinamiento; inclusive, deberíamos suprimir el Ministerio de Justicia. Y por corrupción sin solución, tocaría suprimir todo el Estado.

Los organismos de vigilancia, control y justicia, entre otros, son aparatos costosos e ineficaces, y pudiéramos decir que en general, sus resultados no justifican su existencia de acuerdo a la variable costo – beneficios; sin embargo, la solución no está en eliminarlos sino en fortalecerlos. Habría que revisar de fondo las barreras que trajo la Ley 42 de 1993 en cuanto al tipo de control, las limitaciones del control preventivo, y el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible las competencias de las contralorías para emitir funciones de advertencias sobre posibles riesgos de pérdidas de recursos públicos entre otras causas y acciones que debilitaron el control fiscal territorial.

También deberían revisarse las leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010 que redujeron el presupuesto de las contralorías territoriales limitando su desarrollo tecnológico, humano y de cobertura en el control; de allí que a muchas de las contralorías sólo les alcance para los gastos de nómina aunado a los grandes pasivos que cargan por acreencias insolutas de anteriores vigencias.

En promedio a un auditor de una contraloría territorial le corresponde vigilar entre 20 y 30 entidades públicas. Es como si a la Policía Nacional le quitaran agentes de policía y armas entre otras herramientas. Mientras estamos pensando en solucionar otras crisis como la del sistema de administración de justicia con más jueces, fiscales, recurso humano, económico y tecnológico, más cárceles,  por qué no apuntarle  al control fiscal en ese mismo sentido.

Tiene razón el señor Contralor General de la Nación cuando cuestiona la politización del control fiscal territorial por ser un fortín de concejales, diputados y administraciones locales que interceden en los procesos de elección de los contralores, pero olvida el Contralor Maya Villazón que son esas las mismas reglas mediante la cuales fue elegido por el Congreso de la República en un sistema de imposición de candidatos de la Rama Ejecutiva.

Los recientes concursos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil permitieron la llegada de un nuevo personal a las contralorías territoriales, en algunas la renovación fue superior al 70%, pero hacen falta otros elementos que garanticen la independencia del control fiscal, como una carrera administrativa especial, un sistema de elección de méritos para contralores, más transparente y manejado por entidades sin señalamientos; y la implementación de una jurisdicción especial para las investigaciones de responsabilidad fiscal, por ejemplo.

Hay que buscar alternativas para consolidar un control fiscal de última generación que articule competencias y aúne esfuerzos entre la Contraloría General y las contralorías territoriales; eliminarlas sería un mazazo a la descentralización. Ninguna de las propuestas conocidas resuelven las causas del problema, lo que sugieren es un cambio de actores, para entregarles las llaves del control fiscal territorial a los omnipotentes depredadores de la política nacional.