La impopularidad de la Policía y la posibilidad de un alzamiento civil

Los índices de percepción de la sociedad civil respecto de las ejecutorias de la Policía Nacional, sugieren un desencanto de la ciudadanía con la institución que en otrora se caracterizó por su honor y resultados contra la delincuencia y en favor de la protección de los intereses colectivos, de ahí que, los barómetros sociales adviertan que gran parte de la ciudadanía se siente más intimidada que protegida ante la presencia de la Policía.

La manifiesta y ascendente sensación sobre la Institución, surge como consecuencia de las situaciones de abuso de autoridad, extralimitación de funciones, escándalos por corrupción, situaciones de acoso de conocimiento público, uso desmedido de la fuerza y la participación de efectivos de la Policía en hurtos entre otros, aunado a la reciente embestida que protagoniza la Policía Nacional contra la economía informal y el ciudadano de a pie.

No hay que olvidar que la Policía resulta fundamental en la construcción de la paz y la convivencia, así como en la protección y garantías de derechos fundamentales y los humanos; sin embargo; sus ejecutorias malogran el cumplimiento de sus fines esenciales y constitucionales. La Policía no tiene facultades para maltratar al ciudadano sino para defender sus derechos y proteger sus libertades. Un policía que agrede o irrespeta a un ciudadano está faltando a su doctrina y vocación, y se expone en igual proporciones al irrespeto y la agresión.

La Corte Constitucional ha sido categórica en afirmar que la economía informal es el resultado de la exclusión sistemática de cierta parte de la población del régimen laboral y que, ante la restitución del espacio público se debe optar por medidas de reubicación de vendedores ambulantes en condición de vulnerabilidad, facilitándoles traslado digno y la reiniciación de sus labores que suponen el sustento para su familia. Lo anterior precedido de un estudio sobre la situación económica y social de quienes pudieran resultar afectados con los programas de restitución del espacio público.

La exegética instruida por la Policía Nacional sobre el artículo 140 del Código de Policía, peca por su inapropiada interpretación, lejana a la realidad social del país. Un consumidor no puede promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público por tanto él no es autoridad y un ciudadano no puede cargar con la responsabilidad de las autoridades. En principio de buena fe, podemos colegir, que el vendedor estacionado en el espacio público está ahí porque así se lo han permitido las autoridades, y comprarles no nos hace ni cómplices ni delincuentes. La interpretación de la norma no puede llevarnos al absurdo.

Una “cacería de brujas” de ésta magnitud, sumado a los cuestionados abusos de la Policía, podría terminar en un inimaginable alzamiento de la sociedad civil contra la Policía Nacional con amparo de la legítima defensa. Máxime ante el silencio omisivo de instancias de control, como la Procuraduría General de la Nación o el mismo Control Interno de la Policía Nacional.

La cultura que no logramos en valores en años de organización de la sociedad y que busca imponerse bajo un enfoque represivo, debe ser gradual y ajustada a la realidad social, sino el Código de Policía está condenado a fracasar, como resultado de una sociedad de crecientes problemas de convivencia, renuente al cambio, con una justicia imperfecta y un manifiesto de súper poderes en manos de una institución en descrédito, que transgrede derechos antes que defenderlos.

Como sociedad, hemos demostrado ser vehementes contra los violentos que atentan contra los Policías de Colombia que cumplen íntegramente su deber, y ahí hemos sido solidarios; e igualmente frenéticos contra quienes atropellan con injusticia a otro ciudadano. ¡En el respeto está el secreto! Un policía que irrespeta y agrede al ciudadano no puede exigir ser respetado.

La Policía Nacional está frente a la oportunidad histórica de revertir su desprestigio. El expurgue de la Institución es eminente y perentorio; asimismo lo es, la reorientación hacia la verdadera vocación policial, dirigida al restablecimiento de las relaciones con el ciudadano, y, por ende, al fortalecimiento de la credibilidad y legitimidad institucional, con el fomento del respeto a los derechos humanos, de modo que volvamos al antaño, donde la sociedad se sentía protegida y no vapuleada por la Policía.

No más escuadrones de la muerte, no más acoso selectivo e intempestivo contra el colombiano pujante, no más retenes extorsivos. Mayores controles y cualificación del personal de la institución, y coraje contra la delincuencia. Más humanidad, respeto y solidaridad con la gente honesta que aporta a la consolidación de la sociedad libre donde quepamos todos.

Fotografía cortesía de www.elcolombiano.com